El asunto penitenciario, se ha convertido en una crisis. Es similar a una bomba de tiempo y la respuesta del gobierno ha sido, además de terrible, en extremo peligrosa pues ha implicado una tácita pena de muerte.
La solución que ha aplicado el Ministerio para los asuntos penitenciario, bajo el poder de Iris Varela, ha sido peor que no hacer nada, pues lo que ha logrado es trasladar el problema de un penal a otro, reuniendo así, los problemas existentes en el otro penal (al que trasladaron los reos del penal intervenido) convirtiéndolos en víctimas que deben sobrevivir con ira ante la llegada de nuevos.
Los reos que llegan al nuevo recinto, intentarán mantener un estatus de poder como el que tenían en su antiguo centro de reclusión, solo que, ahora deberán arrebatarlo a quienes dominan el nuevo centro penitenciario. Tarde o temprano, esa lucha terminará en un lamentable derramamiento de sangre, no solo del personal interno sino también, de la comunidad aledaña al penal, como fue el caso de La Planta en Caracas. Esto nos muestra la ineptitud e incapacidad del Gobierno para resolver la deficiencia penitenciaria, los retardos procesales y la corrupción que rodea todo el sistema venezolano.
Decidí referirme a la corrupción que se mantiene en los penales, pues he dedicado un tiempo a sacar unas cuentas, que aunque reconozco pueden ser especulativas, estoy seguro de estar cercano a la realidad. La economía que se mueve en torno a las cárceles venezolanas en realidad es espeluznante. Para nadie es un secreto que cada vez que acontece un evento en un centro, lo que sale a la luz pública, son los asuntos irregulares que involucran armas, drogas y rumbas, que no podrían existir sin la anuencia de una dirección con corrupción.
Supongamos, que un “privado de libertad” como suele llamarlo el Gobierno Nacional, paga una tasa mensual de Bs. 6.000 a un efectivo del centro penitenciario, para que “se haga la vista gorda” ante el ingreso de alguna mercancía de contrabando en el penal (incluyendo armas, celulares y drogas), otro lo hace, pero para ganar protección por parte de algún funcionario y otros para vivir con ciertas comodidades dentro del recinto.
Ahora, multipliquemos esos Bs.6.000 como una tarifa promedio (unos pagarán más, otros menos) por 300 reclusos (siendo conservador en la cantidad de presos que pagan) nos da una suma de Bs. 1.800.000 MENSUALES que se producen en una cárcel producto de la corrupción y; podemos “especular” que como toda estructura, siempre hay una cabeza, que se lleva la parte gruesa. Podríamos inferir que ese “líder” obtiene un 15% de todo, por lo que, un funcionario podría estar produciendo Bs. 270.000 MENSUALES gracias a esta corrupción, lo que al cambio oficial, serían $40.500 MENSUALES. ¿Qué paga todo eso? Pues el tráfico de drogas que se gesta desde las cárceles y los secuestros (incluso los ficticios) que se coordinan y ordenan desde esos centros penitenciarios.
Mis estimados, ese es el dinero que permite el ingreso de armas dentro de las cárceles. Un dinero que compra las conciencias para que conformen estructuras delictivas dentro de los penales que se confabulan en la extorsión y el secuestro, protegidos por la fortaleza de una cárcel y la anuencia de efectivos militares que permiten esa barbaridad y que tarde o temprano termina en sangre derramada, posiblemente incluyendo la de ellos mismos
¿De verdad los presos tienen pena en las cárceles? Porque visto todo esto, más bien parecieran premiados.
Hoy no es el día acostumbrado para mi columna semanal, pero en virtud de lo que acontece en Yare, la consideré oportuna para el momento
Federico A. Black B.
@FedericoBlackB





